El propósito de la propuesta es establecer medidas para la reparación de daños por graves violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas durante la guerra civil. “Las víctimas y sus familiares tienen derecho inalienable a ser reparadas por daños patrimoniales y extra-patrimoniales que padecieron, incluyendo el daño moral”, plantea.

Resarcir tales agravios es obligación del Estado salvadoreño, sostienen los proponentes de la iniciativa, quienes se amparan en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de la ONU y en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que ordena a la Asamblea Legislativa “considerar las medidas de reparación integral a las victimas que fueren necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación”.

La propuesta también se basa en principios del Derecho Penal Internacional y Humanitario, entre éstos: el deber estatal de procurar restitución integral a las víctimas, reparar adecuadamente los daños provocados y cesar las consecuencias de la violación.

Algunas de las medidas planteadas son crear un Fondo de Reparación, elaborar un registro de víctimas y concretar acciones de reparación simbólica y material que garanticen la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y no repetición. Dichas medias alcanzarían a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas entre el 1o. de enero de 1970 y el 15 de enero de 1992.

Los peticionarios reiteran que “es obligación de todas las instituciones estatales y municipales contribuir a los procesos de reparación de las víctimas en el marco de su respectivas competencias, garantizando las partidas presupuestarias necesarias para su pleno cumplimiento”.

La referida propuesta es pertinente, porque la reparación es necesaria. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe saldar su deuda con las victimas y aprobar cuanto antes esta ley.

Ojalá que también Fiscalía y Sistema Judicial hagan lo suyo, porque la reparación de las víctimas requiere del conocimiento de la verdad, la aplicación de justicia y la petición de perdón. Fiscal y jueces deben investigar todos los casos de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas cometidas antes y durante la guerra civil que permanecen impunes.

Que así sea.