Las fallidas reformas representaban un serio obstáculo para combatir la corrupción, sobre todo para exigir a ARENA “que devuelva lo robado”. Por eso, en este espacio editorial cuestionamos al Presidente Salvador Sánchez Cerén por haberlas sancionado y así favorecer la impunidad de la corrupción.

Por tanto, decisión de la Sala de congelar las reformas es positiva, y las organizaciones democráticas deben retomar la lucha contra la corrupción, especialmente los casos más antiguos: “destinatarios” de Taiwán, FECEPE, 150 casos presentados por la Secretaría de Transparencia y otros donde haya que recuperar para el Estado los fondos robados o malversados.

Sin embargo, no hay que aplaudir a los magistrados, porque su propósito es demagógico. Con la suspensión de las reformas, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco sólo buscan “lavarse la cara” y legitimarse ante el sector de la sociedad que todavía los apoya, dándoles la sensación de “equilibrio” e “imparcialidad”.

La decisión de la Sala también pretende desmentir la crítica de las organizaciones progresistas que – amparadas en el derecho a la insurrección popular consagrado en el Artículo 87 de la Constitución y en el principio supremo de que una ley injusta no debe cumplirse – propone “desacatar” o desobedecer las resoluciones ilegales, arbitrarias y violatorias de derechos humanos.

De vez en cuando la Sala emite alguna resolución buena, como estrategia para “despistar a los ingenuos”; pero la mayoría de sus sentencias son perniciosas, buscan sabotear al gobierno y favorecer los intereses de la oposición oligárquica. De hecho, antes de suspender las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, revirtió la reforma a la Ley SAP que permitiría pagar las pensiones a 175 mil jubilados y anuló el presupuesto estatal de este año.

Por esta razón, las organizaciones populares deben retomar la lucha contra la corrupción aprovechando la suspensión de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y – al mismo tiempo – deben intensificar la campaña del “desacato” contra las resoluciones de la Sala que menoscaben la Constitución, la institucionalidad y el estado de derecho.

Que así sea.