Hay actualmente, al menos, tres casos emblemáticos que confirman esta bochornosa situación y que deberían generar fuertes debates sobre la calidad del periodismo, indignación ciudadana contra la irresponsabilidad mediática y acciones urgentes para promover la autorregulación ética de la labor informativa.

El primer caso es el amarillismo y sensacionalismo de los medios impresos de Altamirano y Dutriz, sobre todo los diarios “Más” y “Mi Chero”. La semana pasada la Asociación de Psiquiatría criticó duramente a “Más” y a El Diario de Hoy por el abordaje anti-ético del fallecimiento de una de sus asociadas, calificándolo de “amarillista” y de “pretender la viralización de contenidos con fines ajenos a lo informativo”.

Estos medios impresos -más programas televisivos como “Noticias 4 Visión” de Telecorporación Salvadoreña (TCS) y “Código 21” de Megavisión apelan al morbo y difunden contenidos que rayan en la apología de la violencia, violentando principios elementales de la ética periodística, la cultura de paz y disposiciones de tratados internacionales de derechos humanos.

El segundo caso tiene que ver con la difusión de propaganda disfrazada de información, desnaturalizando la función periodística y defraudando al público. El ejemplo más representativo es La Prensa Gráfica con la cobertura propagandística de actividades de Carlos Calleja, pre – candidato presidencial de ARENA.

Con tal de imponer al joven empresario como el presidenciable del partido oligárquico, el periódico – que dice publicar “noticias de verdad” – no escatima espacio para difundir como hechos periodísticos los actos propagandísticos del hijo del dueño de uno de sus principales anunciantes.

Y el tercer caso muestra la violación flagrante de procedimientos básicos de confirmar información, obligatorios para cualquier periodista. El Faro – medio digital de muchos premios y fama internacional – presenta como verdad el testimonio de un pandillero criteriado por la Fiscalía, que narra supuestos pagos realizados por partidos políticos durante las elecciones de 2014.

La legislación penal (códigos Penal y Procesal Penal) obliga a la Fiscalía a verificar las declaraciones de testigos criteriados y permite a los jueces desecharlas cuando éstas puedan estar falseadas. Pero esto no importó al medio digital en cuestión, que esta semana tituló “Relato de un fraude electoral, narrado por un pandillero”.

Estos casos – y otros que violentan la ética periodística, el profesionalismo de la labor informativa y la responsabilidad mediática en la difusión de contenidos – deberían propiciar un debate serio entre periodistas, medios, públicos y academia. El país necesita un periodismo decente y medios responsables que apuesten por la verdad, la cultura de paz y el bien común.