Aunque demagógicamente menciona el derecho al agua y la gestión pública del vital líquido como principios rectores, la llamada “Ley integral del agua” entregaría a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) el control del ente rector denominado “Autoridad Hídrica”. Teniendo el control de esta instancia, las empresas convertiría el agua en su negocio.
Esto debe poner al país en alerta máxima. Es necesaria la más amplia movilización de las organizaciones sociales y de toda la población, hacia la Asamblea Legislativa, para evitar la aprobación del tenebroso proyecto de ley.
Hace sólo tres meses, los partidos de derecha sumaron sus votos para aprobar una ley que prohibió la minería. Presionados por el consenso nacional anti minero y por la postura de la Iglesia Católica, los diputados conservadores no tuvieron más opción que avalar la referida normativa y hasta se lucieron con discursos ambientalistas que no les cabían en la boca.
Hoy la derecha legislativa muestra su verdadera vocación anti – ecológica, su defensa de los mezquinos intereses empresariales y su actitud contraria al derecho al agua (y derechos conexos: alimentación, salud, integridad, medioambiente sano y vida).
En la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático se estaba debatiendo una ley más incluyente; pero la derecha, en su afán privatizador, renunció a discutirla más y ahora busca tomar del pelo al país con un proyecto de ley a la medida de los intereses privatizadores de la espuria ANEP.
La amenaza de aprobación de la ley privatizadora del agua debería provocar un fuerte movimiento social que reivindique la agenda ambiental urgente del país: ley de agua y de soberanía alimentaria, ratificación de la reforma constitucional sobre el derecho al agua y la alimentación, y prohibición de agrotóxicos y productos transgénicos.
El Foro Nacional del Agua y la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) llamaron hoy al país entero a luchar por una ley de agua que garantice el acceso al vital liquido (abundante y de calidad) como derecho de toda la población, la protección de los acuíferos y cuencas, la descontaminación de los ríos y quebradas, y la participación comunitaria en la gestión pública de los recursos hídricos.
