Tal acción es sospechosa por dos razones. Una es que los bienes confiscados fueron adquiridos por Francisco Flores antes de ser Presidente de la República, algunas incluso fueron heredadas; y la otra es que el valor de esas propiedades supera el monto del enriquecimiento ilícito que plantea la Fiscalía.

Lo anterior sugiere que, dadas las irregularidades de la actuación fiscal, la extinción del dominio de los bienes del ex presidente podría ser fácilmente revertida. Entonces, ¿por qué lo hace la Fiscalía?, ¿acaso es sólo un show del Fiscal General, Douglas Meléndez, para contrarrestar la crítica de que no actúa en casos de corrupción que involucran a altos personero de la derecha oligárquica?

Si el Fiscal General quiere llegar a fondo en el “Caso Flores”, ¿por qué no procesa a los “destinatarios” de las donaciones de Taiwán, entre los que figura una veintena de connotados dirigentes, ex dirigentes, funcionarios y ex funcionarios de ARENA? Si quiere recuperar el dinero robado, ¿por que no embarga las propiedades y cuentas bancarias del partido oligárquico cuyos dirigentes admiten que recibieron 10 millones de dólares para financiar la campaña electoral de 2004?

Si Douglas Meléndez quiere demostrar que es imparcial y que también procesa a los corruptos de ARENA, ¿por qué no enjuicia a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar por el FECEPE, a los ex funcionarios que recibieron sobresueldos de la partida secreta de Casa Presidencial, a los magistrados de la Sala Constitucional por posible prevaricato y al magistrado del TSE Fernando Arguello Téllez por asignar irregularmente concesiones televisivas cuando fue superintendente de la SIGET?

Hablando de extinción de dominio y de concesiones, ¿por qué el Fiscal Meléndez no aplica la extinción del dominio a las concesiones radioeléctricas del ex presidente Antonio Saca que fueron utilizadas en la red de corrupción que desvió unos 256 millones de dólares de fondos públicos?

Así que, en vez de despejar las dudas sobre el sesgo y parcialidad de sus actuaciones, el Fiscal General más bien aumenta las sospechas.

La próxima semana varias organizaciones sociales presentarán una nueva denuncia penal contra los magistrados de la Sala Constitucional, esta vez por posibles actos arbitrarias en la implementación de la medida cautelar contra el SITRAMSS. Esta será una prueba más para Douglas Meléndez.