Los tristemente célebres magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco admitieron una demanda que impugna la participación de las empresas cooperativas en la elección de la terna realizada por el Ministerio de Economía. Por cierto, la admisión de la demanda fue anunciada cuatro horas antes de ser aprobada.

Molestos porque uno de los candidatos no era de su agrado, los personeros de la ANEP recurrieron a sus amigotes de la Sala para que revirtieran la elección; y los magistrados, obedientes y serviles a los intereses empresariales, les dijeron estamos “a la orden, mi capital”.

En 1976 la UCA escribió un editorial titulado: “A sus órdenes, mi capital”, que criticaba el sometimiento de los poderes estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a los designios de las élites empresariales. El escrito, publicado en la revista Estudios Centroamericanos (ECA), señalaba que – debido a fuertes presiones de la ANEP – la reforma agraria prometida por el entonces presidente Arturo Armando Molina había sido anulada.

Esa misma ANEP ahora acude a la Sala, y los magistrados genuflexos – como sus colegas de los años setenta – también les dicen “a la orden, mi capital”.

Hace un mes la Sala dijo “a la orden, mi capital”, cuando ordenó la medida cautelar contra el SITRAMSS a petición de un empresario de buses chatarra miembro del partido ARENA.

Hace dos meses, los magistrados también se cuadraron “a la orden, mi capital” cuando aceptaron una demanda contra el presupuesto estatal de 2017 promovida por la oposición oligárquica que objetó su aprobación en la Asamblea Legislativa.

Durante los tres años que lleva el actual gobierno, la Sala ha dicho “a la orden, mi capital” anulando reformas tributarias, creación de fondos especiales y emisión de bonos de deuda pública. También dicen “a la orden, mi capital” cuando amparan a telefónicas que no quieren pagar impuestos municipales.

La Sala también dijo “a la orden, mi capital” cuando suspendió al magistrado Ulises Rivas para darle correlación a ARENA en el Tribunal Supremo Electoral, cuando avalaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y cuando favorecieron a Telecorporación Salvadoreña (TCS) con la sentencia sobre la Ley de Telecomunicaciones.

Más de 40 años después de la publicación del memorable editorial de la UCA, la Sala de lo Constitucional y otras instituciones estatales se mantienen firmes “a la orden, mi capital”.