La denuncia presentada ayer ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide investigar a los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco por la medida cautelar contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).

Según ASGOJU, la medida cautelar que suspende la exclusividad del carril segregado para las unidades del SITRAMSS “ha causado accidentes de tránsito, atropello de personas y retrasos de horarios en la circulación”, lo cual violenta el derecho humano al desarrollo integral.

Los demandantes sostiene que este derecho “se relaciona con otros como la igualdad (y su discriminación positiva para ejercerlo), no discriminación por discapacidad, libre circulación, seguridad personal, indemnización por daños derivados de errores judiciales, salud (incluida la salud mental), acceso a medios de subsistencia y vida digna”.

Por tanto, ASGOJU plantea que la PDDH solicite a los magistrados Jaime, González, Meléndez y Blanco que “rindan informe sobre la medida cautelar contra el SITRAMSS”; y que en su resolución final “establezca la violación del derecho humano al desarrollo y derechos conexos”.

Los denunciantes también piden que la Procuraduría “emita una censura pública contra las actuaciones de los cuatro magistrados por violaciones sistemáticas a derechos humanos”, pues la medida cautelar contra el SITRAMSS no es la única resolución que violenta derechos humanos.

La Sala también ha violentado derechos políticos de decenas de funcionarios electos por la Asamblea Legislativa (magistrados de Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Consejo de la Judicatura y de la misma Corte Suprema de Justicia) que han sido destituidos arbitrariamente con el dudoso argumento del vínculo partidario. El caso más reciente es el de Ulises Rivas, magistrado del TSE.

La denuncia por violaciones a los derechos humanos es parte de la “Campaña de desobediencia cívica y desacato popular contra las resoluciones ilegales de la Sala Constitucional” que impulsa ASGOJU.

En este marco también serán presentadas en los próximos días sendas demandas en Fiscalía, Tribunal de Ética Gubernamental y otras instituciones, sin descartar instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que – irónicamente – fue presidida por uno de los magistrados de la Sala ahora denunciado por violar derechos humanos.

ASGOJU también presionará a la Asamblea Legislativa por la pronta destitución de los cuatros magistrados de la Sala.