La transnacional minera demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) por negarle permisos de explotación en Cabañas. Sin embargo, en septiembre del año pasado el referido tribunal resolvió a favor del país y ordenó a Pacific Rim/Oceana Gold retribuirle los costos procesales al demandado.

Por tanto, la acción de la Fiscalía es pertinente. Y así debe hacerlo en todos los casos donde empresas, instituciones, organizaciones o personas se niegan a pagar o a devolver al Estado lo robado.

En este sentido, representantes de organizaciones sociales presentaron esta mañana un aviso al Fiscal General, Douglas Meléndez, para que aplique la extinción del dominio sobre los bienes de ARENA y su Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth” para que el Estado recupere los 10 millones de dólares donados por Taiwán.

Dichos fondos eran para ayudar a los afectados por los terremotos de 2001 pero fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de ARENA en 2004. Lo han admitido, sin ninguna vergüenza, altos personeros del partido oligárquico como el entonces presidente del COENA Jorge Velado y el ex presidente Alfredo Cristiani.

La extinción del dominio en este caso está doblemente justificada. Por un lado, ARENA (y su “centro de estudios políticos”) participó en la trama delictiva del lavado de dinero: los fondos fueron depositados en una cuenta del “Rodríguez Porth” en Costa Rica y luego a cuentas de ARENA; y por otro, ARENA fue también “destinataria” de los fondos que, por tanto, debe devolver.

Hasta ahora el Fiscal General se niega a procesar a la veintena de participantes en la operación de lavado y recepción de los fondos, donde figuran connotados dirigentes, ex dirigentes, funcionarios y ex funcionarios areneros. De igual forma Douglas Meléndez no ha obligado al partido oligárquico a devolver los 10 millones robados.

El Fiscal Meléndez es criticado por falta de imparcialidad en los casos de corrupción: no procede en aquéllos que involucran a altos miembros de ARENA protegidos por los grupos empresariales oligárquicos. Por eso no investiga a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, a los magistrados de la Sala Constitucional, a los “destinatarios” de los fondos de Taiwán, entre otros.

Por eso la petición de extinción de dominio de los activos areneros, presentada hoy, es una prueba para el Fiscal Meléndez. La demanda, además, debería ser el inicio de una serie de investigaciones jurídicas orientadas a presionar por la recuperación el dinero de la corrupción de los gobiernos de ARENA.