La propuesta del ex ministro es oportuna. El país necesita una nueva correlación legislativa que represente los intereses de la población y respalde los esfuerzos por resolver los principales problemas económicos, sociales y ambientales del país.

El Salvador urge de una Asamblea Legislativa que apruebe la Ley de Agua, basada en la perspectiva de derechos y garantice la gestión pública y comunitaria del vital líquido. Que apruebe la Ley de Soberanía Alimentaria y prohíba los agrotóxicos.

Se requiere una Asamblea que avale más fondos para la prevención de la violencia y medidas de seguridad que combinen integralmente prevención, represión, reinserción y atención a las víctimas. Que apoye la implementación integral del Plan “El Salvador Seguro” elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC).

Se necesita una correlación legislativa para despenalizar el aborto y permitir la interrupción voluntaria del embarazo cuando peligre la vida de la madre, haya malformaciones congénitas y en caso de violación sexual.

El país demanda una correlación parlamentaria que apruebe la Ley de Cobro Coactivo y otras medidas para combatir mejor la evasión tributaria, revise las leyes de la elusión y apruebe una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. Que desmonte el esquema fiscal regresivo heredado de los gobiernos de ARENA y promueva la justicia tributaria.

Por eso, la principal prioridad para las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la población honrada para el 2018 es – en sintonía con el presidenciable efemelenista – cambiar la correlación parlamentaria. Todos los esfuerzos de incidencia deben apuntar hacia las elecciones legislativas de marzo próximo.

Esta nueva correlación también es necesaria para elegir nuevos magistrados de la Sala Constitucional y Fiscal General decentes, es decir: honestos, capaces, independientes de intereses oligárquicos y comprometidos con la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia.

Ojalá que así sea.