La reforma – exigida por el gobierno de Estados Unidos como requisito para desembolsar el FOMILENIO – abriría el camino a nuevas privatizaciones y profundizaría la lógica neoliberal del modelo económico impuesto por los gobiernos de ARENA. Según la reforma, cualquier proyecto donde el Estado invierta más de 13.5 millones de dólares tendrá que hacerse bajo la modalidad de Asocio Público Privado (APP).

La reforma excluye salud, educación y seguridad pública en los Asocios Público Privados (APP); pero incorpora el tratamiento de aguas residuales.

En la carta presentada a Sánchez Cerén las organizaciones sostienen que las reformas son una nueva estrategia de privatización de servicios públicos esenciales que generará ganancias empresariales y pérdidas estatales, causará mayor endeudamiento público, no resolverá el problema de la contaminación, no garantizará subsidio al saneamiento y – sin dudas – afectará el bolsillo de la población más pobre.

Las organizaciones – todas aliadas de la izquierda gobernante – criticaron al grupo parlamentario del FMLN y pidieron al Presidente revertir la reforma.

En vez de los APP, las organizaciones proponen fortalecer el rol del Estado y aumentar la inversión pública. Para esto insisten en combatir la evasión de impuestos, reformar o derogar las leyes de la elusión fiscal y aprobar una reforma tributaria progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.

Para las organizaciones, es preferible renunciar al FOMILENIO antes que ceder soberanía, menguar el rol estatal y menoscabar la perspectiva de derechos. “360 millones de dólares, a cambio de más privatizaciones y más neoliberalismo, no es beneficioso para el país”, argumentan.

Las reformas a la Ley de APP son – además – parte de la ofensiva neoliberal de la derecha oligárquica que promueve el ajuste fiscal, la austeridad en el gasto público y la profundización de la regresividad tributaria, medidas a las cuales la izquierda gobernante ha venido cediendo cada vez más.