//Presión y chantaje

Presión y chantaje

Por insistencia de su secretario general Luis Almagro, la OEA intentó aprobar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela: 20 países, encabezados por Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros que también tienen gobiernos derechistas, lo intentaron en vano.

El Salvador fue – dignamente – uno de los países que abogaron por la no intervención en Venezuela y por el derecho de la nación sudamericana a resolver sus problemas sin injerencia externa, definir su futuro con autodeterminación y actuar soberana, libre e independientemente. Esta postura adoptaron también Bolivia, Ecuador, Haití, Nicaragua, República Dominicana y otros países del Caribe.

En su posicionamiento, el gobierno salvadoreño también acusó al secretario Almagro de tomar postura en favor de la oposición venezolana y de abandonar su rol de mediador en la solución de conflictos como la crisis política de Venezuela.

Y, a las reprobables presiones de la derecha partidaria (que junta controla la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Fiscalía y buena parte del mismo Ejecutivo), se suma el descarado chantaje estadounidense. Previo a la votación en la OEA, el senador republicano Marco Rubio amenazó abiertamente a El Salvador, Haití y República Dominicana con suspender la ayuda norteamericana si respaldaban a Venezuela.

En sintonía con las repudiables declaraciones del mencionado senador ultraderechista, la embajadora Jean Manes también afirmó después que nuestro país tendría costos por haber respaldado a Venezuela. Y, a partir de lo expresado por la diplomática estadounidense, los partidos de derecha incrementaron la presión al gobierno para que “rectifique”.

Pero la señora embajadora de Estados Unidos y sus lacayos de la derecha salvadoreña deben saber que no hay nada que “corregir” o “rectificar”. La postura salvadoreña en relación a la situación venezolana es correcta y digna.

En este espacio editorial respaldamos las posturas que abogan por la no intervención externa y por el diálogo en Venezuela. La soberanía, independencia y autodeterminación de los pueblos no deben ser vulneradas.