El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal de El Salvador (titulado “No permitamos que los pobres mueran de sed”), la histórica marcha de (estudiantes, trabajadores y autoridades) la Universidad de El Salvador hacia la Asamblea Legislativa y la masiva movilización ciudadana del pasado sábado, son señales contundentes de que el país no se quedará de brazos cruzados frente a la amenaza de nuevas privatizaciones, más ajustes neoliberales y otras medidas que dañen a la población.

En esta última actividad se juntaron diversas organizaciones populares, sindicatos, estudiantes, iglesias y mucha gente que se movilizó espontáneamente ante el peligro de privatización del vital líquido.

Hace dos semanas ARENA y compañía decidieron retomar la propuesta de “Ley Integral de Agua” impulsada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), gremial que busca controlar la integración del ente rector de las políticas hídricas para convertir el agua en un negocio de industriales, azucaremos y demás merdaderes del vital líquido.

En consecuencia, la derecha legislativa tiró al basurero la propuesta de Ley General de Agua que promueven las organizaciones ambientales, la UCA, la Iglesia Católica y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta normativa plantea el reconocimiento del agua como derecho humano, la conformación de una instancia rectora de políticas hídricas totalmente pública y la participación ciudadana en la gestión del vital líquido.

Ante la oleada de protestas y expresiones de rechazo, ARENA y ANEP niegan su intención privatizadora; pero felizmente la población no les cree. La gente no olvida que la dolarización fue presentada como “binometarismo” y las privatizaciones anteriores (de las telecomunicaciones, distribución electrica y pensiones) las promovieron como “procesos de modernización del Estado”.

Así que este despertar cívico debe seguir creciendo, para evitar la reversión de logros alcanzados, impedir nuevas privatizaciones y resistir a más neoliberalismo. Ojalá que estas movilizaciones sean sólo el “primer llamado” a los diputados y diputadas, tal como lo advirtieron los estudiantes universitarios frente al Palacio Legislativo la semana pasada.