La Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador representó una victoria del movimiento popular y las comunidades del país, quienes durante más de 10 años dieron la batalla para erradicar a esta industria extractiva de sus territorios. Sin embargo, grandes desafíos continúan a la cabeza en este tema, afirman organizaciones.
Por: Krissia Girón / Foto: Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica
Luego de 3 años de aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, “poco o nada se ha hecho”, así lo afirmaron representantes de organizaciones ambientalistas y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Las organizaciones y comunidades lamentan que, desde el Ejecutivo, no designe el presupuesto suficiente para dar cumplimiento a la ley. “Esto viola derechos y viola la ley”, afirma Luis González de la UNES.
“Cómo puedo saber si me alcanza el dinero o no me alcanza si ni siquiera sé cuales son los impactos que la minería dejo en las comunidades. Hay que resaltar que la sociedad civil ha realizado estudios que se han puesto al servicio del gobierno para que tengan una idea de los impactos”, añadió.
Antonio Pacheco, representante de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta, ADES, afirma que las comunidades de Cabañas, donde la minería dejó graves impactos, aún esperan respuestas del Estado.
”Cabañas tuvo minería desde los años 50 y nunca tuvo resarcimiento, siempre ha estado en el lugar 14 de pobreza. La riqueza que nos dejó la minería sólo se ve en la propaganda” expresó.
Pacheco alertó sobre la posibilidad de que “existan intereses gubernamentales y empresariales de impulsar las industrias extractivas”, con el fin de recuperar la economía luego de la crisis por COVID-19.
La Ley establece que será el Ministerio de Economía (MINEC) la instancia encargada de aplicar las disposiciones de esta normativa, como el cierre de minas, coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) para remediar los impactos causados por estas y la búsqueda de alternativas para mineros artesanales.
El procurador adjunto de medio ambiente de la PDDH, David Sandoval, explicó que, según los informes de cumplimiento de esta ley presentados por el MINEC ante la Procuraduría, los proyectos de aplicación de la normativa se estancan bajo “la excusa de falta de presupuesto”.
“Hasta el momento, de acuerdo al informe que nos enviaron el 23 de enero de este año, todo ha quedado paralizado en el presupuesto para abordar estas circunstancias. Esto es lo que el Estado le queda debiendo”, expresó.
Entre los proyectos estancados se encuentra un censo de quienes trabajaban en la mina San Sebastián, del municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, así como una consultoría para identificar posibles actividades económicas alternativas para estas personas.
En la asignación presupuestaria del MINEC para este año, se observa un monto de $1,523,525 para actividades de Hidrocarburos y Minas, entre estas, la revisión de la Ley de Prohibición de la Minería y su reglamento.
La PDDH también recomendó al Ministerio de Hacienda realizar un proyecto para llevar agua a San Sebastián. Sobre esto, el 23 de diciembre del año pasado, dicho ministerio respondió a la PDDH que, de nuevo, no podía ejecutarse por falta de dinero.
Asimismo, David Sandoval lamentó que el MARN aún no retire los contenedores que se encuentran en la mina San Sebastian. “El Juzgado de San Miguel le ha requerido en 4 ocasiones que se pronuncie respecto a las medidas cautelares emitidas por este organismo. Es un silencio absoluto, grave y violatorio”, expresó.
La aplicación de la ley en El Salvador es observada por la región
Carmen Aliaga, de Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, afirmó que desde su organización y otros movimientos a nivel latinoamericano observan muy de cerca el proceso de aplicación de la ley contra la minería en El Salvador. “Hay que hacer una memoria de lo que esto significa”, afirmó.
“Bolivia y otros países de la región sudamericana son netamente mineros, esto significa una naturalización de los impactos de la minería. La lucha de El Salvador es algo histórico”, expresó.
Tanto a la activista como al resto de organizaciones le preocupan los impactos de la minería transfronteriza en la región. Afirmaron tener conocimiento de alrededor de 40 proyectos mineros por ejecutar en Honduras y 8 en Guatemala, los cuales podrían afectar al país.
Para Carmen, se debe tener una mirada regional y global del impacto que tiene la minería metálica. “Con lo de la pandemia se pone de manifiesto lo que hacen los Estados”, dijo.
“Esta crisis ha demostrado que el dinero público debe voltear la mirada hacia los espacios comunitarios y populares y no hacia lo privado. Acompañando las alternativas creadas por mujeres en las comunidades que ya vienen de un proceso de discriminación y que, con la emergencia del COVID-19, se profundiza aún más”, expresó Aliaga.
Para las organizaciones, los gobierno de la región están contemplando el salvataje de la economía, bajo una una postura que defiende el extractivismo. Hacen un llamado a mayor unidad, pese a la cuarentena, e imponer una nueva narrativa a favor de la vida.
Estas declaraciones se dieron en el marco del Foro virtual «Avances y Retos frente al III aniversario de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador», actividad realizada en el marco del Día de la Tierra.
