El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) señala que pese a la reducción de delitos como los homicidios, feminicidios y otros, la violencia continúa impactando a grupos vulnerables como mujeres, niñez y juventud. La falta de respuesta de las instituciones del Estado ante esta situación -o su reacción adversa como las detenciones arbitrarias o enfrentamientos armados- vulneran el derecho a la vida, integridad y libertad personal, señalaron.

Por: Krissia Girón/ foto: cortesía

En su informe sobre el Estado de Derechos Humanos durante el año 2019, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH) registra 294 eventos de enfrentamientos armados, una reducción del 14.5% respecto a 2018. Según el índice de letalidad a nivel nacional, se profundiza la alarma en los municipios donde el accionar policial solamente generó muertes, señala el documento.

En estos enfrentamientos, 76 personas fueron heridas y 201 fallecieron, incluyendo a las víctimas mortales de las fuerzas de seguridad pública (PNC y FAES). Los departamentos que registraron más muertes por esta causa son: La Libertad con 41, San Salvador con 40, y Santa Ana con 24. Si el análisis se hace por municipios, según el OUDH, Apopa registró 11 muertes, Santa Ana registró 10 y Quezaltepeque 9.

De los 110 municipios que registraron enfrentamientos armados, 41 reportaron solo muertes y ninguna persona lesionada, lo cual llama la atención del Observatorio ante un posible patrón de abuso de la fuerza letal.

“Muestran tendencias en la actuación policial que riñe con toda la normativa nacional e internacional de respeto a los derechos humanos. Es preocupante que este accionar se esté dando en más del 20% del territorio nacional”, detalla el informe.

El coordinador del Observatorio, Jorge Rodríguez, explicó que es necesario reconocer que, en una sociedad con altos niveles de violencia, es “entendible” que la institución policial haga uso de la fuerza letal, la cual se ve reflejada en este tipo de enfrentamientos. “Es usual escuchar decir a miembros del gabinete que fueron los grupos al margen de la ley quienes amenazaron a los cuerpos de seguridad y estos reaccionaron ante la amenaza”, expresó.

Sin embargo, considera que muchos de estos eventos no surgen a partir de una amenaza directa al cuerpo policial por parte grupos criminales. “La evidencia nos sugiere que esta tesis no siempre es así. De hecho, la PNC cuenta con un marco normativo que determina cómo el agente debe actuar. Define principios y ejemplifica situaciones específicas” dijo.

El Observatorio de Derechos Humanos retoma también datos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) que en su informe 2019 señala que los jóvenes son, con frecuencia, el blanco en los hechos de violencia. Este grupo conforma el 56% de las víctimas de desapariciones, el 53% de homicidios, el 43.5% de las limitaciones ilegales a la libertad de circulación, el 69% de víctimas de violencia sexual, 37% por amenazas y 30% por accidentes de tránsito.

“El Estado también está atentando contra la juventud, en muchas ocasiones, de forma desproporcionada e injustificada”, detalla el informe, señalando que el 57% de los detenidos son jóvenes, a los cuales se les detiene “in fraganti”, es decir, sin un proceso previo de investigación.

Además, el 73.34% de los detenidos bajo la acusación de pertenecer a las pandillas, son jóvenes. A esto se agrega que el 70% de las víctimas mortales civiles en enfrentamientos armados con las instituciones de seguridad, oscilan entre los 18 y 30 años. Un porcentaje que sube al 86%, al incluir a los niños y adolescentes (de 0 a 17 años).

“Estos datos estarían evidenciando que existe una tendencia a desproteger y estigmatizar a las juventudes y, con ello, a perpetuar el ciclo existente de negligencia e impunidad. Por el contrario, lo anunciado sobre la Fase II del Plan Control Territorial, aún no se observan acciones efectivas para contener las dinámicas de inseguridad, violencia y delincuencia que afectan, principalmente, a las juventudes”, concluyen.

El 13% de las víctimas por el uso de la fuerza letal empleada por las instituciones de seguridad, oscilan entre los 13 y 17 años. Por su parte, el 8% de las víctimas de homicidios también oscilan entre esas edades; dentro de ese porcentaje se encuentran 13 víctimas de feminicidio.

También son niños y adolescentes el 9% de las víctimas de desplazamiento forzado, identificadas por la Fiscalía General de la República, y el 5% de los detenidos por la PNC. La FGR también reporta en este grupo etario al 66% de las víctimas de violencia sexual (dentro de ese porcentaje, 6 de cada 10 víctimas son del sexo femenino).

El OUDH destaca entre los diferentes perpetradores que atentan contra los derechos de la niñez y la adolescencia a las fuerzas de seguridad pública (abuso de fuerza letal y detenciones), grupos al margen de la ley (homicidios y desplazamiento) y personas particulares, muchas veces familiares cercanos o vecinos, en los casos de violencia sexual.

“No es posible afirmar que las mujeres estuvieron más seguras el año pasado”

Otros hallazgos del informe revelaron que 148 de cada 100,000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en 2019. Las mujeres son afectadas en un 92% por este delito. De las víctimas, 3209 reportaron los hechos en su hogar. “Vemos una respuesta insuficiente que está generando más víctimas”, expresó el coordinador del Observatorio.

Sobre esto, la FGR registró 5,740 víctimas de múltiples delitos sexuales que van desde el acoso sexual, corrupción de menores, remuneración por actos sexuales hasta violación y estupro. Es decir, que esta cifra está relacionada a diversos niveles de gravedad de los hechos.

Durante 2019, también 1,025 mujeres fueron víctimas del delito de privación de libertad por desaparición, según la FGR. Ello se traduciría en una tasa de 29 víctimas de desaparición por cada 100,000 mujeres. “Como se dijo en su momento, aunque en muchos de estos casos las personas reaparezcan posteriormente, ello no borra automáticamente las secuelas de lo que sufrió la víctima, sus familiares y amistades”, dice el informe.

Con estos datos, el coordinador del Observatorio destacó que no es posible afirmar que las mujeres estuvieron más seguras el año pasado. “Eso es ignorar la amplia gama de violencias que viven las mujeres. Esto debería exigir un abordaje diferenciado, que no lo hay”, dijo Rodríguez.

Sobre esto, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el padre José María Tojeira, dijo que la violencia sexual “es un tema grave”. “Se habla de 85 víctimas por cada 100 mil habitantes. En todos los estudios existentes se suele hablar que por cada delito sexual hay 4 que no se denuncian”, expresó.

“La tendencia es que hayan 10% de sentencias condenatorias por los delitos de violencia sexual. En el campo educativo, la sexualidad tiene que estar presente. Hay una tendencia a eliminar la educación sexual en las escuelas. Si no hay en la casa, debe haber en la escuela. Este es un tema que no se ha terminado de enfrentar en el país”, concluyó.

Sobre las personas desaparecidas, el Observatorio encontró una disparidad en los datos. “Esto puede ser un síntoma de que la desarticulación en la respuesta de las instituciones permanece”, señala. La tasa de personas desaparecidas es de 46 por cada 100,000 mil habitantes.

El representante del Observatorio lamentó la falta de datos institucionales sobre violaciones a derechos humanos o delitos cometidos contra la población LGBTIQ+. “Fue sumamente difícil abordar la metodología con la población LGBTI, por la falta de información. Lo que está de fondo es la actitud institucional casi de ignorar esta situación que debería tener un abordaje diferenciado”, afirmó Rodríguez.

A la luz de los datos de letalidad policial, tratos crueles, el aumento de detenciones en flagrancia y otros, el Observatorio concluye que el Estado continúa violando derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Además considera que hay una omisión e ineficacia de políticas frente a la violencia sexual, desplazamiento forzado y desaparición de personas.

Reducción de homicidios no corresponde en su totalidad al Plan Control Territorial

La llegada del gobierno de Nayib Bukele y el cambio de políticas públicas de seguridad -como la implementación del Plan Control Territorial- ha representado, hasta hoy, una significativa reducción en los homicidios y feminicidios a nivel nacional.

Sin embargo, el OUDH reveló que el comportamiento de la reducción de homicidios no se corresponde, a nivel estadístico, a la implementación del Plan Control Territorial.

“Los resultados de esta comparación apuntan a que la reducción de las muertes violentas, en promedio, fue mayor en los municipios donde no se ha implementado el Plan Control Territorial. En consecuencia, la intervención policial de un grupo de municipios como factor único de cambio no resulta suficiente para explicar la reducción experimentada a nivel nacional”, detalla el informe.

El coordinador del Observatorio recordó que este plan fue focalizado en 22 municipios y, para este análisis, se retomaron las actividades conocidas en medios de comunicación. “Esto evidencia la falta de información conocida en el marco de este plan, para evaluar el impacto”, sostuvo.

El padre José María Tojeira considera que los datos del Observatorio muestran un panorama donde predomina la cultura de la violencia. “Cuando se habla de cultura debemos recordar que esta se crea por tres elementos: educación, legislación y estructuras sociales correspondientes a la educación y legislación. En las tres tenemos serios deficits”, apuntó.

“Nuestra vida social ha sido organizada en beneficio de pocos. Cuando a algunas mayorias se les deja al margen de una legislación justa es obvio que recurra a sus propios recursos para resolver sus conflictos y esto -por lo general- es la fuerza bruta”, concluyó.