El nuevo comité fue formado tras la renuncia de los miembros de la primera instancia, quienes señalaron falta de transprencia e irregularidades. Entre las nuevas entidades que lo conformarán se encuentran FUNDE, ICEFI AIDES y universidades como la UES y la UFG, quienes tendrán acompañamiento del gobierno y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Por: Krissia Girón/ Foto: Asamblea Legislativa
La Asamblea Legislativa reformó el Decreto Legislativo 608, para crear por segunda ocasión un comité de seguimiento y fiscalización del préstamo por $2,000 autorizado al gobierno para la atención de la emergencia y del proceso de recuperación económica.
El denominado Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica, estará integrado por un representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Universidad de El Salvador (UES), Universidad Francisco Gavidia (UFG) y Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES).
Se mantiene también la conformación de la Junta Directiva del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, integrado por un coordinador nombrado por el presidente de la República y la representación de 5 ministerios: Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y Turismo. Ahora. También contará con un representante nombrado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
El objetivo del comité es velar por la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el fondo de emergencia, este deberá dar informes mensuales públicos -a través de los medios de comunicación- sobre la implementación y ejecución de los fondo. Ninguna información relacionada a la formulación y ejecución del presupuesto extraordinario relacionado con la ley podrá declarase reservada.
El comité también verificará el cumplimiento de las leyes en los procesos de adquisición, transferencia y utilización de fondos relacionados con la normativa y emitirá dictámenes sobre cada caso visto. Sobre esto deberá informar al Parlamento, a la Corte de Cuentas de la República y, cuando corresponda, dará aviso a la Fiscalía General de la República.
El decreto también dispone que todos los funcionarios públicos relacionados a los fondos autorizados, deben de entregar al Comité -sin reserva y en un plazo máximo de 10 días- toda la información en la forma y fondo que éste les requiera y deberá cumplir con los principios de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas.
La primera versión del decreto legislativo 608 mandaba la creación de un comité fiscalizador del fondo de emergencia. La función principal de este comité era, entre otras acciones, trabajar un presupuesto extraordinario hasta la cantidad de $2 mil millones que el Legislativo autorizó al Gobierno a buscar, para financiar todas las actividades que requieran durante la emergencia por COVID-19.
En ese momento, la Junta Directiva estaba conformada por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), un coordinador designado por la Presidencia de la República y cinco ministros: Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y de Transporte, y Turismo.
Sin embargo, la representación de la sociedad civil renunció el pasado 11 de mayo, al señalar irregularidades y falta de transparencia en la ejecución del trabajo.
“Durante la semana del 20 de abril se acordó, junto a los equipos legales, una propuesta de reforma al decreto original que luego fue avalada por todos los miembros del comité, para ser presentada ante la Asamblea Legislativa. (…) No obstante, el 24 de abril los mismos funcionarios de gobierno presentaron una propuesta de reforma totalmente diferente a la acordada”, rezaba la carta de renuncia.
