La economista Tatiana Marroquín considera que el Plan de Reactivación Económica, implementado desde ayer por el gobierno, es un cronograma de fases y no contiene los lineamientos sanitarios que la población debe conocer e implementar para evitar el contagio de la COVID-19.
Por Krissia Girón/ Foto: freepik.es
A partir del martes 16 de junio inició la ejecución del plan de Reactivación Económica del gobierno que consta de cinco fases. En la primera, los sectores habilitados son manufactura, confección, construcción, elaboración de alimentos y bebidas, limpieza e higiene.
Según autoridades de gobierno, dicho plan está respaldado por el Decreto Ejecutivo 31, publicado el fin de semana.
Para la economista Tatiana Marroquín este plan tiene a la base la propuesta presentada al Ejecutivo por el INCAE. Lamentó que este sea únicamente un “cronograma de apertura” y no se considere la intervención de ministerios como Salud y Trabajo para asegurar el cumplimiento de medidas sanitarias para las personas empleadas.
Considera que, para hablar de reapertura de empresas, se debe considerar reforzar la capacidad institucional del ministerio de Trabajo, para hacer que los empleadores atiendan las necesidades de su personal al momento de regresar a las actividades productivas.
Un aspecto que considera ausente en este plan es la regulación al sector informal, la cual, afirma, no debería ser una regulación prohibitiva, “porque sabemos que la necesidad que tienen estas personas de vivir y de encontrar su supervivencia en el día a día es elemental”. “Me parece que podría haber una buena interacción entre el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y las alcaldías en cuanto a la regulación de este sector”, dijo la economista en entrevista para la Red Informativa de ARPAS.
A su juicio, el gobierno no maneja de forma integral este tema ya que al iniciar el proceso de desconfinamiento y reiniciar la actividad económica del país se devela que las micro y pequeña empresa, sobre todo las no formalizadas, están totalmente “ahogada en términos económicos y de liquidez”.
“Por eso era que al principio de esta cuarentena, muchos economistas insistiamos con la necesidad de intervención del Estado en temas económicos. Es decir, así como hicieron transferencias a familias, que existiera alguna especie de transferencia a estas empresas para asegurar su supervivencia, no para que vean ganancias pero si la supervivencia y sobre todo mantener empleos”, afirmó.
“Ahora hay un intento de medida que son $600 millones, de los cuales la gran mayoría están destinados para el sector formal, para el sector informal solo son $100 millones con criterios bastante restrictivos como tener buena calificación en el sistema financiero”, dijo.
Sobre la autorización al gobierno para gestionar nuevos créditos por hasta $1,000 millones, la economista explicó que “ese monto puede gestionarse mediante la emisión de títulos valores, por medio de préstamos o por una combinación de ambas opciones. Este empréstito se suma a los $2,000 millones ya aprobados al gobierno para contrarrestar los impactos por la pandemia de COVID-19”.
¿Son similares las leyes aprobadas en la Asamblea con el Decreto Ejecutivo 31 que establece la reapertura económica?
La economista explica que sí, dado que tienen el mismo origen: un análisis técnico creado por el INCAE Bussines Scohool, instancia que, junto a la ESEN, asesoró tanto a la Asamblea Legislativa como al gobierno.
Según Tatiana, el análisis responde a aquellas actividades económicas sobre todo del sector formal, que en un equilibrio entre salud y economía pueden ir abriendo progresivamente.
La gran ausencia en el plan del Ejecutivo, insiste, son los protocolos sanitarios y un papel mayormente fortalecido del MTPS para dar cumplimiento a dichos lineamientos en las empresas. “Algo que sí estaba saliendo en las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa y que todas fueron vetadas por el Ejecutivo”, dijo.
“Me parece que de nuevo tenemos una oportunidad para no elegir entre salud y economía sino que dar una intervención integral y eso necesita que, de inmediato, el gobierno emita, no solo un cronograma de apertura de actividades económicas sino de cuales son todas las regulaciones sanitarias que los patronos y el sector informal también tienen que cumplir”, expresó.
Antes de toda la crisis derivada de la pandemia, ya El Salvador tenía deficiencias estructurales en cuanto a su crecimiento económico, obstáculos que, a juicio de diferentes economistas, se han agudizado durante el primer año de gobierno del presidente, Nayib Bukele.
Por ello, los grandes impactos post pandemia recaerán en el tema fiscal, por el aumento de la deuda, elevación de índices de pobreza, entre otros aspectos, aseveró la economista. Marroquín recuerda que, en este tipo de situaciones, las más impactadas son las mujeres.
“Esta situación que ya de por sí coloca a los salvadoreños/as en mayor vulnerabilidad de ser pobre, para la mujer es aun más agudo. Y si la familia cae en crisis, son ellas las que toman las decisiones administrativas”, concluyó.
