En su resolución de controversia, la Sala de lo Constitucional declaró constitucionales los artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 620, que contiene prestaciones para el personal de salud que atiende la pandemia por COVID-19. Al mismo tiempo, las carteras de Hacienda y Salud solicitaron $3 millones de dólares para brindar seguros médicos al personal de salud, dos meses después que el Presidente veto el decreto con estas disposiciones.
Por: Krissia Girón/ Foto: Referencia- MINSAL
Las disposiciones para que el personal de salud cuente con un seguro de vida y otras prestaciones fueron declarados constitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego que el presidente vetara el Decreto Legislativo 620 que contiene dichos lineamientos.
Los artículos vetados por el presidente de la República fueron el 2, 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo 620.
En el veto, el gobierno argumentó que el artículo 4 -el cual obliga al Ejecutivo a determinar los mecanismos para otorgar un seguro de vida a los profesionales de la salud- era «incompatible» con el principio de equilibrio presupuestario porque obligaba al Estado erogar recursos del gasto corriente, sin haber identificado una fuente de financiamiento.
Sin embargo, la Sala resolvió que el monto y la fuente de financiamiento de los fondos para el seguro deben consignarse en el Presupuesto General de la Nación y no en el decreto legislativo que vetó Bukele.
“La razón es que la normativa vetada no tiene carácter presupuestario, sino que establece un mandato prestacional que debe ser considerado y concretizado por el Órgano Ejecutivo en cuanto al gasto y la fuente de financiamiento respectiva en el proyecto de presupuesto general del Estado, de acuerdo con las posibilidades razonables de la situación fiscal”, reza el documento.
El fallo también establece que los artículos 2, 3 y 5 del decreto 620 que responsabilizan al Ejecutivo por la salud del personal médico, de su capacitación, y de proporcionales «equipos de protección adecuados» para atender a los contagiados de COVID-19, «son constitucionales» y no interfieren en las políticas gubernamentales de salud.
En ese sentido, la Sala recordó que «la competencia para legislar que corresponde a la Asamblea Legislativa, no interfiere ni es excluyente con la competencia del órgano Ejecutivo para formular la Política Nacional de Salud ni obstaculiza su facultad normativa».
En su resolución de controversia, la Sala ordena al presidente Bukele sancionar y publicar dicho decreto.
2-2020El decreto Legislativo 620 contempla también otros aspectos hacia el personal de salud:
- Declara que el trabajo de los profesionales de la salud es un bien público y que merece mayores protecciones.
- Establece que el gobierno de El Salvador es el responsable de la atención médica de todos los trabajadores de la salud y los médicos que atiendan la pandemia.
- Prohíbe de que los profesionales de la salud utilicen solo trajes quirúrgicos o “batas verdes” y zapateras para atender a los pacientes con COVID-19, por lo que deberán utilizar equipos de protección recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS)
- Instruye sobre la necesidad de capacitarlos en el manejo de pacientes en con enfermedades altamente transmisibles como el coronavirus. Los profesionales que no hayan sido debidamente capacitados para atender pacientes con COVID-19, bajo las normas establecidas por la OMS/OPS no podrán atender a pacientes sospechosos de la enfermedad o que ya han sido positivos al virus.
Gobierno pide $3 millones para seguros médicos de personal de salud
Durante la sesión plenaria, la Asamblea conoció la iniciativa de seguro de vida para personal médico enviada por Bukele, en la que se pide una reforma al presupuesto para incorporar $3 millones para dicho seguro.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y el ministro de Salud, Francisco Alabí, llevaron a la Asamblea la iniciativa de ley del gobierno para compensar lo del seguro de vida al personal médico.
“Hemos venido a presentar una iniciativa de ley que comprende un refuerzo presupuestario de $3 millones para el seguro de vida del ciento por ciento para los empleados del Ministerio de Salud y Fosalud”, expresó Fuentes.
El titular de Hacienda explicó que será una transferencia de esta cartera hacia la de Salud, sin dar mayores detalles de donde saldrán los fondos.
Estos $3 millones se suman a los $3 mil millones que la Asamblea Legislativa ya autorizó para que el Ejecutivo enfrente la pandemia por COVID-19.
Al momento de recibir el fallo de la Sala en el pleno legislativo, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo que lo anunciado por el presidente no era una propuesta de ley, sino presupuesto para lo que la Sala ha resuelto, en lo cual, dijo, les da la razón.
