Casi la mitad de las recomendaciones hechas por la Relatora de ONU sobre ejecuciones extrajudiciales durante su visita en 2018 han sido ignoradas por el Estado salvadoreño. Organizaciones sociales llaman, entre otros, a que se elabore un plan gradual para retirar a la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública.

Por: Krissia Girón/ Foto: Referencia-FAES

En febrero de 2018 El Salvador recibió por primera vez a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Agnes Callamard. En esta visita concluyó que el país debía tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida y la integridad de la población, poner fin a la impunidad de los homicidios y erradicar los patrones de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales en los cuerpos de seguridad.

De las 51 recomendaciones hechas al Estado por parte de la Relatora, un informe de seguimiento realizado por organizaciones sociales revela que solamente el 4% de éstas fue cumplida, el 7.8%  fueron parcialmente implementadas y que el 49% fueron ignoradas por las instituciones.

Además, de acuerdo a los datos en 15.7% hubo algunos intentos por cumplirse y en un porcentaje igual se realizaron acciones contrarias a lo recomendado.

En el gobierno, el informe señala que en la gestión anterior no se adoptaron medidas concretas para acatar las recomendaciones de la ONU. Y que, con el cambio de administración, de hecho, se han implementado acciones contrarias a lo expresado por la Relatora.

“Esto es importante porque, si de implementación se habla, mayoritariamente ha sido el Gobierno (tanto el anterior como el actual) quién ha desarrollado medidas sustancialmente opuestas a los parámetros proporcionados por la Relatora Especial. Sobre las otras instituciones aglutinadas en la rama administrativa, con excepción en algunos casos de la PDDH, por lo general su comportamiento también refleja apatía y desdén para asumir las recomendaciones como lineamientos de trabajo”, afirman las organizaciones en el documento.

Señalan que las únicas recomendaciones que registran cierto grado de implementación por parte del gobierno son algunas vinculadas con el fortalecimiento institucional, la atención de víctimas, creación de marcos normativos o de políticas públicas.

Mientras que otras relacionadas con garantizar la participación ciudadana en procesos de evaluación y cambio de políticas que violenten derechos humanos fueron ignoradas o se identifican, de acuerdo a las organizaciones, la implementación de acciones contrarias a esta recomendación.

Un comportamiento similar tienen los Órganos Legislativo y Judicial. Este último ignoró el 80% de las recomendaciones de la Relatora Especial. El documento afirma que las únicas dos a las que dio cumplimiento son la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, sobre el desplazamiento forzado interno y el fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal.

En el informe, las organizaciones señalan que uno de los pocos puntos donde el Estado sí cumplió con las recomendaciones de la Relatoría Especial de ONU es en el reconocimiento del desplazamiento forzado interno, luego de diferentes acciones de incidencia por parte de instancias de la sociedad civil y que concluyó en la aprobación de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de personas en condiciones de Desplazamiento Forzado Interno.

Sin embargo, las organizaciones consideran que la poca o nula implementación de las recomendaciones emitidas por la Relatora se atribuyen “al desinterés estatal y al enfoque represivo punitivo exacerbado de las actuales políticas de seguridad”.

“Lo neurálgico de esta realidad es que, hoy por hoy, se percibe un aumento de populismo punitivo como respuesta estatal a los problemas de seguridad. Si esto no se detiene, indudablemente, irá deteriorando aún más la situación de derechos humanos en el país; por no decir, el régimen democrático”, reza el informe.

Agrega que “el patrón estatal que lacera gravemente el derecho a la vida o a la integridad personal poco ha cambiado con el nuevo Ejecutivo”.

Uno de los puntos preocupantes para la sociedad civil, en ese sentido, es la continuidad de las “políticas represivas” con la participación de cuerpos de seguridad y militares, además de las ejecuciones extrajudiciales.

“En la práctica, sigue latente la preocupación ciudadana por la continuidad de una política de seguridad por parte del Gobierno actual con énfasis represivo, mediante la intervención de fuerzas policiales y militares. Replicando las mismas prácticas cuestionadas desde la aplicación de las Medidas Extraordinarias en 2016”, dice el documento.

Agrega que, pese a la reducción, durante el 2018 y 2019 se registró un enfrentamiento por día, dando un total de 596,  donde 321 personas fueron asesinadas y 158 resultaron lesionadas.

El informe concluye en que se debe prevenir y sancionar todo abuso cometido por agentes policiales y militares y no potenciar el uso de la fuerza bélica. Además, llama al Estado a elaborar un plan gradual que lleve a la desmovilización de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad pública, erradicación de medidas como estados de emergencia en cárceles, promulgar una ley de identidad de género, así como no dejar en impunidad los homicidios, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos relacionados.

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