La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide al Ejecutivo respetar el trabajo informativo de los medios de comunicación y restablecer en sus funciones a las oficinas de acceso a la información pública que han sido inhabilitadas en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Por: Red Informativa de ARPAS/Foto: Freepik
En su último informe a la Asamblea Legislativa, presentado la semana pasada, señala varios hechos que menoscaban el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a la información. Entre éstos están: “restricciones a realizar preguntas en conferencias de prensa sobre la situación de los centros de contención, limitaciones para entrevistar a funcionariado del Ejecutivo, obstáculos a la labor de independientes y radios comunitarias, y destrucción de material periodístico”.
El informe señala directamente al secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, de desacreditar a medios de comunicación en redes sociales, mencionando como caso emblemático la descalificación y estigmatización del trabajo de la Asociación de Radiodifusión Participativas de El Salvador (ARPAS).
La PDDH denuncia que el funcionario en cuestión “arremetió contra esta red de medios comunitarios por haber retomado una pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en el cual esta organización internacional pide al gobierno de El Salvador mayor transparencia y dejar a los periodistas realizar sin restricciones su labor informativa sobre el COVID-19”.
Sobre esto, ARPAS respondió que los medios comunitarios no son “oficialistas ni de oposición”, porque “no responden a ningún proyecto gubernamental ni a ninguna visión político-partidaria”. “Nuestro trabajo se guía por los principios y objetivos de la comunicación popular que se basa en los intereses de la población como sujeto de la comunicación, la participación activa de las audiencias y la promoción de cambios estructurales en favor de la gente”, dice la carta pública de la Junta Directiva.
La carta recuerda que descalificar y estigmatizar el trabajo de periodistas y medios constituye un acto de “censura indirecta”, según los estándares de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otra parte, el informe de la PDDH también cuestiona al gobierno por haber “suspendido el funcionamiento de las oficinas de acceso a la información pública, en momentos en que se vuelve fundamental la información para la ciudadanía, pese a los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información”.
Las recomendaciones
La PDDH recomienda a las autoridades gubernamentales emitir instrucciones correspondientes para “prevenir restricciones o afectaciones al ejercicio de la labor periodística que puedan derivar en violaciones a la libertad de prensa y libertad de expresión, y evitar restricciones al derecho a la libertad personal e integridad de personas periodistas”.
En este sentido, el informe solicita al gobierno “definir una política clara, abierta y democrática de información y relacionamiento con la prensa”; y a los funcionarios públicos, incluyendo elementos de PNC y Fuerza Armada, que “no restrinjan la labor periodística y haya mayor acceso a la información pública, pues en esta emergencia es vital que la población se mantenga debidamente informada”.
Así mismo, la PDDH exige que “cesen los ataques directos de estigmatización de parte de funcionarios de gobierno, como el secretario de prensa, realizados contra medios y periodistas críticos, ya que es fundamental en una democracia respetar la libertad expresión, de pensamiento y de prensa”
El informe también pide que que “se restablezca la función de las oficinas de acceso a la información pública, ya que su funcionamiento es crucial en estos momentos para el trabajo de la prensa.
Finalmente, para el secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, la PDDH reitera la exhortación a “cumplir con el deber de respeto del Estado, absteniéndose de expresar ataques directos de estigmatización contra medios y periodistas de radios comunitarias y de medios en general, respetando la línea editorial de cada uno, pues es fundamental en una democracia respetar la libertad expresión y la libertad de prensa”.
