La organización Cristosal señala que «se ha repetido en la Brigada, el patrón de bloqueo a las inspecciones judiciales». El martes se impidió el acceso a los archivos de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea, Comalapa.
Por: Red Informativa de Arpas/ Foto: Tutela Legal Dra. María Julia Hernández
En la Brigada de Artillería «Teniente Coronel Osorio» se materializó el cuarto bloqueo a la inspección de archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote y sitios aledaños. La mañana de este miércoles, el juez, peritos, fiscales y acusadores particulares llegaron al lugar para intentar verificar los documentos, como parte del proceso penal histórico de la peor masacre de América Latina en la época reciente.
No obstante, militares delegados, que no se quisieron identificar, impidieron el paso. Tras el bloqueo, el juez anunció que continuarán en el Archivo General de la Nación. Este jueves, cuando lleguen a ese lugar, firmarán un acta en la que se hace constar lo sucedido en la Brigada de Artillería.
La organización Cristosal señala que «se ha repetido en la Brigada, el patrón de bloqueo a las inspecciones judiciales». El martes se impidió el acceso a los archivos de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea, Comalapa.
Tercer cerco militar impide a juez inspección de archivos en Fuerza Aérea
«Nuevamente se han cometido diversos delitos, al impedirse una orden judicial, sabemos que es una orden que vienen desde Presidencia, desde el despacho del ministro de la Defensa como lo han reconocido ante el Tribunal y en cadena nacional», apuntó el abogado David Morales.
Agregó que la obligación es cumplir con la orden del juez Guzmán de que se realicen las inspecciones, para lo cual hay un calendario.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo este miércoles que la negación a que se verifiquen los documentos históricos en manos de la Fuerza Armada es «un rechazo a las víctimas que necesitan conocer la verdad».
El funcionario, sostiene que el juez deberá hacer un análisis de los hechos y, si considera que pudieron haberse cometido delitos, certificarlo ante la Fiscalía.
«Nos sentimos ofendidos»
Amadeo Sánchez, es originario del cantón La Joya, Morazán, uno de los sitios en los que se perpetró la masacre en diciembre de 1981. Perdió a 25 de sus familiares en el operativo y no duda en señalar al teniente Domingo Monterrosa de su autoría. Él llegó a este cuarto intento de verificación de los archivos, mientras espera que el Estado finalmente le garantice sus derechos y señaló al Presidente Nayib Bukele de mentirles.
«Veo la negatividad del Gobierno, que se sentó con una parte de la Asociación, donde se comprometió a abrir los archivos militares y hasta la vez hemos visto la gran mentira del Presidente Bukele. Estamos aquí por cuarta vez -porque lo que buscamos es verdad, justicia y reparación- nos está haciendo como burla. Nos sentimos ofendidos», dijo, en declaraciones a El Faro.
El bloqueo a los archivos militares no solo ha generado la condena de las víctimas y de organizaciones sociales, sino de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual volvió a condenar la negativa del Ministerio de Defensa.
El organismo recordó que el Estado se encuentra en la obligación de cumplir con la orden judicial «garantizando el acceso a los archivos que sean útiles a las investigaciones del caso El Mozote y las graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado».
La Sala de lo Constitucional desvirtuó, en una reciente resolución, que el permitir el acceso a los archivos militares pone en riesgo la seguridad nacional y reiteró que el derecho a la verdad asiste a las víctimas.
