Una investigación por impago de salarios y FODES enfrenta el titular de las finanzas públicas. La Asamblea evalúa su interpelación por inasistencia a comisión que investiga uso de recursos durante la pandemia.
Por: Josseline Roca (@JvioletaRoca) / Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto investigación contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por el impago de salarios a personal de la Asamblea Legislativa y del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
La Junta Directiva del Parlamento acordó enviar denuncia por la falta de entrega de los fondos y fue remitida a la institución fiscal la madrugada del jueves. Un día antes, durante la presentación del Presupuesto General de la Nación, sindicalistas de la Asamblea le reclamaron a Zelaya por no trasladar los recursos, pese a estar presupuestados. El funcionario alega que no tiene para pagarles.
La noche del jueves, el Fiscal General, Raúl Melara, anunció que ha abierto expediente. “Recibimos un aviso de parte de la Asamblea Legislativa, para que la Fiscalía investigue el posible cometimiento de delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, por parte del ministro de Hacienda, al no depositar el salario para los empleados de ese Órgano de Estado. Lo que corresponde es abrir el expediente, iniciar las investigaciones y ver lo que éstas arrojan”, informó.
Luego agregó que en las investigaciones también se incluye el no traslado de los fondos FODES, lo cual recientemente generó protestas.
Melara indicó que si durante la investigación se constata que se cometieron delitos pedirán el antejuicio contra Zelaya. “Si determinamos que existen los elementos necesarios para imputar, estaríamos ante un eventual proceso de antejuicio que sería presentado ante la Asamblea Legislativa”, afirmó.
Tras el anuncio del Fiscal, el Presidente Nayib Bukele lo señaló de ser selectivo con las investigaciones. “Durante años, tocan el salario de miles de empleados municipales, millones de dólares en retenciones indebidas, miles de familias afectadas por años y Raúl Melara en total silencio”, escribió.
De inmediato vino la respuesta del titular de la FGR. “Parece usted el experto en señalar a otros y cubrir a los suyos, aunque atropellen la Ley. No hay que ser tan obvio”, le contestó.
“El atraso de un tan solo día se traduce en miles de familias trabajadoras sin el salario del que dependen para comer y alimentar a sus hijos. Es grave Presidente. No haga lo que ha condenado en otros”, agregó Melara, al tiempo que publicó un video en el que Bukele, siendo alcalde, rechaza el impago del FODES.
El ministro de Hacienda compartió las publicaciones del mandatario y del resto de funcionarios, quienes se quejaron de la denuncia e investigación en su contra, y lo atribuyó a la persecución contra evasores.
Para hacer la transferencia, el funcionario ha propuesta dividir la planilla en tres: trabajadores/as, asesores/as y por último diputados/as. Los parlamentarios/as consideran que se trata de una “extorsión”, porque para cancelarles demanda la aprobación de más recursos provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Posible interpelación
Este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) debía conducir al ministro de Hacienda hacia la comisión especial que investiga la colocación de títulos y préstamos, donaciones y reorientaciones del Presupuesto General y su uso durante la pandemia de COVID-19, la cual lo llamó por apremio, luego de no comparecer en tres ocasiones para explicar el manejo de los fondos.
No obstante, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, envió una nota en la que justificó el incumplimiento. Entre otras cosas, dice que el ministro tenía razones para no acudir al citatorio.
Posteriormente, en un intento por interpretar la Constitución, señaló a parlamentarios de “aplicar las leyes a su conveniencia”.
Tras sesionar, la comisión acordó certificar ante la FGR la inasistencia de Zelaya y la falta de cumplimiento del titular de la PNC. Las fracciones legislativas evaluarán la interpelación del funcionario.
La comisión se ampara, entre otros, en el artículo 321del Código Penal sobre el incumplimiento de deberes. “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”, establece.
En reacción al acuerdo parlamentario, Zelaya dijo: “Estará interesante esa interpelación. Tal vez allí logro que discutamos los fondos para nuestros productores agrícolas y los medicamentos e insumos del Hospital El Salvador que los diputados tienen secuestrados”.
A la comisión que el ministro de Hacienda se niega a acudir llegó, un día antes de dejar la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Martínez, quien reconoció que el Ejecutivo manejó al menos $3 mil millones durante la pandemia.
