Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía Asamblea Legislativa
Luego de fuertes críticas y rechazo a la reserva de varias categorías de información, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, retrocedió en su decisión. A través de un comunicado justificó el blindaje los datos relacionados a viajes, licitaciones, elecciones de segundo grado, audios de comisiones especiales, auditorías y compras, cuya reserva impuesta era de 7 años.
Este Órgano del Estado señaló que la elaboración del Índice de Información Pública se realizó conforme al artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y asegura que la clasificación evita poner en “peligro la vida, seguridad o la salud de cualquier persona”, respecto a datos sobre viajes de diputados, o generar “ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”, esto en el caso de las licitaciones.
Posteriormente el Índice de Información Pública fue modificado. En el caso de información de viajes el documento señala que “la reserva de esta información surtirá efectos mientras estén en proceso los viajes o misiones oficiales de diputados o cualquier empleado de la Asamblea” y que dichos datos podrán conocerse 30 días después de finalizadas las mismas.
Sin embargo, en este nuevo índice sólo se muestran 3 puntos: los relacionados a viajes, licitaciones y elecciones de segundo grado. El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, defendió a la institución mediante su cuenta de Twitter diciendo que “la información sobre los viajes de los diputados ES y SEGUIRÁ SIENDO PÚBLICA 30 días después de realizados” y que “nadie ha dejado a oscuras ese tema”.
De acuerdo con el comunicado de la Asamblea Legislativa en el portal de transparencia de la institución se encuentra la información de salarios, funciones y cargos de todos los empleados. Pero que la información personal de estos está bajo reserva en cumplimiento al artículo 2 de la Constitución de la República.
La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) calificó la decisión, tomada principalmente por la denominada “bancada cyan”, como “un nuevo atentado contra el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas”. Señalaron que la reserva de información que deben ser pública “violenta el derecho a la información y promueven la opacidad en el manejo de los fondos públicos, la intransparencia en el desempeño de las instancias estatales y la posibilidad de cometer actos de corrupción”.
