«Quiero justicia y reparación para las víctimas que hemos sobrevivido», le dijo a la Comisión Política Galadis Galdámez, quien le sobrevivió a la masacre de Tenango y Guadalupe en San Vicente, en marzo de 1983.

Por: Norma Ramírez/ Foto: Asamblea

Este jueves la Asamblea Legislativa continuó con los foros de consulta sobre la ley de reconciliación nacional. Víctimas de la guerra y organizaciones de derechos humanos recordaron a los diputados que esperan que la normativa no sea una nueva amnistía.

“Yo vi que con sus manos los militares hacían barbaridades con la gente pobre, mujeres embarazadas, ancianos y niños”, manifestó Gladis Gadámez, víctima de la masacre de Tenango y Guadalupe, en San Vicente, quien participó en el foro realizado este jueves por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

Ella es una de las tantas víctimas que esperan que la decisión de los diputados no beneficie a quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos. “No estoy de acuerdo con que esos verdugos anden sueltos. Quiero justicia y reparación para las víctimas que hemos sobrevivido”, agregó.

Esta semana se retomaron las “consultas” a las organizaciones, víctimas y las personas que estén interesadas en aportar en la discusión legislativa.

Wilfredo Medrano, de la Asociación Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y apoderado legal de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, emplazó a los diputados y les cuestionó sobre “¿por qué tenemos que recurrir al Sistema Interamericano a buscar justicia, si aquí tenemos la institucionalidad para ejercerla? Eso es vergonzoso”, les dijo.

Además, pidió que la ley que sea aprobada considere los parámetros establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “sería vergonzoso que el país sea reconocido como Estado impune, donde no se quiere aplicar justicia”.

Agregó que “ningún país se ha vuelto débil por juzgar a violadores de derechos humanos”, al referirse a las condenas a militares en Suramérica y Guatemala.

Julio Magaña, apoderado judicial de víctimas de desaparición forzada y abogado de la Fundación Cristosal, recordó que las organizaciones de la Mesa contra la Impunidad han presentado instrumentos técnicos en los que se señalan los “vicios de impunidad de los cinco proyectos de ley”, que están en manos de la Comisión Política.

“Queremos que se elimine artículo 16, que plantean que el informe de la Comisión de la Verdad de ONU y pruebas del Ministerio de la Defensa no tendrán valor probatorio, esta es una atribución del juez. Esto vulnera principio de independencia judicial”, señaló Magaña.

Por su parte, América Romualdo de la Asociación de Mujeres por la Dignidad (Las Dignas) pidió a la Comisión Política considerar, en la formulación de la ley, la resolución 1325 de Naciones Unidas, que insta a los países a que reconozcan la violación sexual como crimen de lesa humanidad, usada como arma de guerra en los conflictos.

“El Salvador tiene pendientes en este tema. Las violaciones sexuales durante la guerra no fueron consideradas como importantes. La transformación del país y la construcción de una democracia está basada en la posibilidad de hacer justicia”, sostuvo Romualdo.

La Asamblea Legislativa tiene hasta el 28 de febrero próximo para aprobar la ley de reconciliación nacional, según lo establecido por la Sala de lo Constitucional en su última prórroga.

Las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra y las organizaciones que les acompañan, han advertido que estarán vigilantes de que esta ley no sea una nueva amnistía.