Por Red Informativa de ARPAS
Hasta el mes de agosto la Defensoría del Consumidor registraba un incremento del 34 % en el precio de la canasta básica, lo cual se adjudicó a la «especulación» debido a que en ese mes se aplicó el aumento al salario mínimo.
De acuerdo al análisis de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el aumento también se debe a otros factores como el incremento en el precio de los combustibles y la falta de una política que promueva alternativas para la población. Señalaron que esta situación profundiza la pobreza en el país.
Para representantes de la Mesa es preocupante que el gobierno no tome acciones para atender esta situación que afecta a miles de familias salvadoreñas. «Todos los productos sufren alza y quien lo paga es la población. Es lamentable que el ministerio de Agricultura no haga nada», dijo Adela Bonilla.
Según la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el precio promedio de una canasta básica que supla las necesidades básica de una familia asciende a $350 o $400, poco más del salario mínimo. Además, Adela Bonilla agregó que a estos costos se suman otros gastos en los que la población pueda incurrir para la compra de alimentos, por ejemplo en aquellos municipios que no tienen un mercado local.
Para la Mesa una de las alternativas es la promoción y fortalecimiento de la agroecología y el impulso de políticas públicas que fortalezcan el agro en el país. En esto, hacen especial énfasis en el aporte de las mujeres rurales, indígenas y campesinas para quienes piden una normativa específica.
«Para las mujeres el impacto del incremento de precios es mayor. Ellas deben resolver, garantizar que en su casa haya comida para la alimentación diaria», dijo la representante de la Mesa.
De acuerdo a datos del «Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias 2021», publicado en mayo de este año, de noviembre 2020 a febrero de 2021 cerca de 684,000 personas estaban en crisis alimentaria en El Salvador. De éstas, el mayor porcentaje se encuentra en el departamento de Ahuachapán.
De acuerdo al informe, la mayor cantidad de población en Crisis o Emergencia se encuentra en el departamento de San Salvador con cerca de 183,000 personas en esta situación, seguido de La Libertad (100,000), Ahuachapán (87,000)
y Santa Ana (72,000).
Frente a la situación de El Salvador, entre sus recomendaciones el informe plantea la necesidad de que se active un «plan de respuesta inmediata de protección social en poblaciones en Emergencia (Fase 4 de la CIF) para reducir brechas de consumo de alimentos y salvar vidas».
Además, exhortó a las autoridades a crear una «estrategia de trabajo, a mediano plazo, dirigida a fortalecer la resiliencia, reducir riesgos y proteger los medios de vida de la población en situación de Estrés, Crisis o Emergencia (Fases 2, 3 o 4)».
Informe-del-Analisis-de-Inseguridad-Alimentaria-Aguda-de-la-CIF-El-Salvador.-Noviembre-2020-agosto-2021
