FUSADES había pedido la cabeza de Alvarado y exigido un fiscal “sin relaciones partidarias”.

Lo anterior aumenta la sospecha de que ARENA podría estar preparando las condiciones para cometer fraudes electorales en los comicios legislativos de marzo de este año y en los presidenciales del 2019.

Como señalamos en editoriales anteriores, la destitución de la fiscal electoral sería parte de una estrategia conspirativa que incluye también la suspensión del magistrado Ulises Rivas. Esta acción de la Sala Constitucional rompe el equilibrio político en el Tribunal Supremo Electoral y modifica la correlación a favor del partido oligárquico.

La Sala, además, torpedea constantemente al TSE cambiando las reglas electorales. Esto genera dificultades adicionales al ente electoral.

A esto se suma la imparable campaña adelantada de los precandidatos presidenciales de ARENA. A los empresarios Carlos Calleja y Javier Simán no los detienen multas risibles de 3,500 dólares que impone el TSE, lo cual constituye una acción fraudulenta.

Todos los sectores democráticos y población decente deben reaccionar ante lo actuado por el Fiscal Meléndez, quien prometió ser “el fiscal del pueblo” pero resultó ser un fiscal funcional a los intereses de la derecha oligárquica del país.

Esto se evidencia también con su negativa de investigar casos de corrupción que vinculan a altos personeros de ARENA. Casos como el robo de los donativos de Taiwán, FECEPE, denuncias contra magistrados de la Sala, demanda contra FUSADES, pago de sobresueldos, etc.

En el caso de los “destinatarios” de Taiwán, el Fiscal no aplica la Ley de Extinción de Dominio al partido oligárquico, a pesar de que el ex presidente del COENA Jorge Velado y el ex presidente de la república Alfredo Cristiani reconocieron públicamente que esos fondos fueron utilizados para la campaña arenera del 2004.

Por eso, varias organizaciones populares preparan la campaña “ARENA: devuelva lo robado”