Las defensoras quieren justicia para ambas. «Queremos que se siente un precedente. Los agentes de seguridad que están para proteger y servir, pero son los primeros que violentan los cuerpos disidentes», señalan.
Por: Josseline Roca (@JVioletaRoca) / Foto (Referencia): Secretaría de Prensa de la Presidencia
La noche del 6 de febrero del 2020, Fernanda y Valentina (nombres utilizados para proteger su identidad) se encontraban conversando cerca de su vivienda en una residencial ubicada en Santa Ana. Agentes de seguridad privada se les acercaron, junto a ellos dos miembros de la Policía Nacional Civil, quienes, sin mediar palabras, las sometieron y detuvieron. Esa es el relato de dos mujeres lesbianas víctimas de abuso de autoridad, según denuncia la Colectiva Feminista.
«No solo fueron privadas de libertad sino que, a nuestro juicio, han sido torturadas y lesionadas», explicó Angélica Rivas, una de las representantes legales de Valentina y Fernanda.
Fueron acusadas de los delitos de lesiones y resistencia al arresto. Pasaron 48 horas incomunicadas y sin ejercer su derecho a defensa, afirman. En la instancia judicial fue sobreseída Fernanda, pero Valentina sigue siendo procesada.
El caso ha pasado a la fase instrucción. Para este lunes se tenía proyectada la audiencia, pero fue suspendida, debido a que el agente de la PNC que las acusa no se presentó.
Rivas afirma que están convencidas de la inocencia de ambas y de la «brutalidad policial» con la que actuaron los agentes. «Además expresamos que ellas son las víctimas de un sistema de seguridad pública violento y misógino y tiene una lesbofobia claramente establecida en este caso», señaló.
La diligencia judicial contra Valentina se reprogramó para el 1 de octubre a las 10:00 A.M.
Un caso de lesbofobia
Diversas organizaciones feministas han respaldado a Fernanda y Valentina y señalan que se trata de un caso de lesbofobia. «Es clara la discriminación por su orientación y su disidencia sexual. La lesbofobia es el odio hacia las personas que tienen una expresión sexual diferente. Las mujeres lesbianas tienden a romper con el modelo tradicional del patriarcado sobre la familia», dijo Cecy Rodríguez, de Las Hijas de Safo.
Señaló que se trata de «un caso grave» y que «no es aislado». «Ha habido varios casos de abuso de autoridad, de privación de libertad hacia mujeres lesbianas», denunció.
Las organizaciones responsabilizan al Estado por lo ocurrido con Fernanda y Valentina. La artista feminista y representantes de la Colectiva Amorales, Lissania Zelaya, señaló que «la PNC no nos cuida, nos agrede, nos acosa, nos viola y nos mata, justo como hicieron con una de sus compañeras Carla Ayala».
«El Presidente de la República en reiteradas ocasiones ha transmitido estas ideas acerca del enemigo interno, que son tan peligrosas en una sociedad violenta como la salvadoreña», apuntó.
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Según la Red Salvadoreña de Defensoras, en el caso de El Salvador, los mismos funcionarios públicos están ejerciendo expresiones de violencia contra quienes defienden derechos. «Hacemos un llamado al Estado a que asuma un rol para reparar a las victimas», exigió Wendy Castillo, integrante de la Red.
Denuncia por tortura
El 16 de marzo de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió la denuncia contra los policías involucrados en la detención de Fernanda y Valentina. Los acusan de los delitos de lesiones, tortura, actos arbitrarios y privación de libertad.
Las defensoras quieren justicia para ambas. «Queremos que se siente un precedente. Los agentes de seguridad que están para proteger y servir, pero son los primeros que violentan los cuerpos disidentes», expresó la integrante de Las Hijas de Safo.
«Estamos para expresar nuestro apoyo a Valentina y Fernanda y exigimos que no solamente se garantice el derecho a la salud y la libertad, sino que se castigue con todo el peso de la ley a los policías», demandó Gladys Chinchilla, Red de Defensoras de la región occidental.
Además de buscar justicia, las organizaciones exhortan a la población a cuestionar y denunciar los abusos de parte de las autoridades de seguridad pública.
La Red Informativa de Arpas intentó conocer la versión de la PNC en ese caso. Luego varios mensajes a seis personas de comunicaciones de la corporación policial y llamadas, no recibimos respuesta.
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