Por: Red Informativa de ARPAS
El año 2021 estuvo marcado por importantes acontecimientos que tienen serias repercusiones en la vida nacional, sobre todo en los ámbitos de la institucionalidad, derechos humanos y finanzas públicas, los cuales han sido abordados por la Red Informativa de ARPAS desde una perspectiva de periodismo crítico y desde los intereses de la ciudadanía. A continuación, presentamos los más relevantes y de más fuerte impacto.
Las elecciones del 28 de febrero
Lo más relevante de las elecciones legislativas y municipales fueron sus resultados: la súper mayoría parlamentaria del partido Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa y la mayor parte de alcaldías del país también en manos del partido del presidente Nayib Bukele. Y más relevante aún han sido las consecuencias de la referida correlación política, sobre todo parlamentaria.
Las elecciones estuvieron salpicas por denuncias sobre uso de fondos públicos y la puesta del aparato gubernamental en función de la campaña de Nuevas Ideas, la cual se ancló en la figura de Bukele pidiendo al electorado elegir “diputados para el Presidente” y votar por la “N de Nayib”, dejando de lado hacer propuestas sobre los problemas del país.
La holgada mayoría oficialista le ha permitido al presidente aprobar todas las leyes que desea, contratar más endeudamiento público y tomar el control del resto del aparato estatal, especialmente la Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional y dos tercios de la Corte Plena), Fiscalía General de la República y Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). La oposición parlamentaria quedó en una condición irrelevante y con una representación casi simbólica.
La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General
El 1o de mayo, en su primera sesión plenaria, la nueva legislatura controlada por el oficialismo destituyó sin una evaluación previa y sin seguir el debido proceso a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, hecho que ha sido calificado por diversos sectores nacionales y de la comunidad internacional como un atentado contra la institucionalidad y un retroceso en el incipiente proceso democrático del país.
Las razones esgrimidas por los diputados oficialistas y el presidente Bukele fueron poco convincentes. Por ejemplo: sobre los magistrados se dijo que éstos “habían atentado contra la salud de la población durante la pandemia de COVID-19” declarando inconstitucionales algunos decretos de la emergencia sanitaria y del entonces fiscal general Raúl Melara se alegó su supuesta afiliación al opositor partido ARENA.
Los nuevos magistrados han resuelto a favor de la reelección presidencial y bloqueado la extradición de miembros de pandillas. Mientras que fiscal impuesto Rodolfo Delgado detuvo las investigaciones sobre negociaciones del gobierno con pandillas y casos de corrupción que habían sido presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), tal como ha confirmado recientemente el ex fiscal anti mafia German Arriaza.
La aprobación de la “Ley Alabí” y el cierre de la CICIES
El 5 de mayo la recién estrenada nueva mayoría parlamentaria aprobó una de las normativas más cuestionadas por las organizaciones que trabajan por el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Se trata de la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de Covid-19″, etiquetada popularmente como “Ley Alabí”, debido a que fue presentada por el ministro de Salud, Francisco Alabí.
La normativa en cuestión impide investigar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos durante la pandemia y también imposibilita que la población demande ante posibles casos de mala praxis médica. La aprobación e implementación de esta criticada ley fue uno de los motivos de divergencia entre el gobierno y la CICIES.
El 4 de junio el fiscal general impuesto Rodolfo Delgado canceló el convenio con la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) que daba vida a la CICIES, la cual había sido una de las principales promesas de campaña de Bukele. Es importante destacar que dicha comisión presentó 12 casos de corrupción del actual gobierno y asistió a la Fiscalía en otros 25 casos, según declaró su representante Ronald Ochaeta el 7 de abril.
El fiscal impuesto y el presidente Bukele, quien defendió como suya la decisión, dijo que el cierre de la CICIES era en respuesta a la contratación del ex alcalde arenero Ernesto Muyshondt como asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sin embargo, la OEA informó razones muy distintas: la falta de voluntad del gobierno y su fiscalía de colaborar en las investigaciones, el intento gubernamental de utilizar la Comisión para perseguir a opositores políticos, la censura presidencial a un informe de la CICIES sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia y la aprobación de la “Ley Alabí”.
La implementación del Bitcoin y el anuncio de la “Bitcoin City”
El 8 de junio la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron sin ningún debate técnico, a espaldas de la población y en un proceso legislativo que solo duró un par de horas, una ley que introduce al Bitcoin como moneda de curso legal, a pesar de la alta volatilidad del criptoactivo y su falta de practicidad como moneda de cambio. La medida ha generado críticas de los más diversos actores e instituciones, desde economistas críticos hasta instancias como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además de la fluctuación extrema de su valor y todas las consecuencias que eso conlleva, se señala el riesgo del lavado de dinero, el daño ambiental de la llamada criptominería y los riesgos de una eventual “desdolarización”.
La “bitcoinización, sin embargo, es presentada por Bukele como su proyecto emblemático, que podría convertir a El Salvador en un “país de primer mundo” o al menos en el “Singapur de América Latina”. Tanto así que el pasado 20 de noviembre, en un encuentro de “inversionistas criptomonederos” realizado en una playa de Sonsonate, el mandatario anunció la creación de una “Bitcoin city”, una ciudad privada donde “no se pagarán impuestos por siempre”, las empresas se auto gobernarán y existirá todo lo necesario para vivir haciendo negocios.
El aumento de las personas desaparecidas
La reducción de homicidios publicitada por el gobierno coincide con el incremento de las personas desparecidas, situación que -según analistas como Jeannette Aguilar- evidencia la falta de eficacia del “Plan Control Territorial” que este año entró en su “cuarta fase” con la duplicación de efectivos militares. En 2020 la Fiscalía reportó 2,251 desapariciones, un promedio de más de 6 por día. Este año, el fiscal impuesto por el oficialismo no ha publicado datos.
Casos como el de los hermanos Guerrero Toledo, quienes esta semana fueron encontrados muertos tras más de tres meses desaparecidos, han generado fuertes críticas de la población. La indignación ciudadana creció sobre todo por las declaraciones de funcionarios de Seguridad que minimizan, justifican o culpan a las víctimas y sus familiares por las desapariciones.
Otro caso emblemático fue el del “asesino de Chalchuapa”, un ex policía que violó, asesinó y desapareció a varias mujeres. Las autoridades de Seguridad Pública y la Fiscalía intentaron ocultar y luego minimizaron el hecho. También el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana censuró un reportaje de la revista Factum, medio digital que reveló cómo el victimario asesinó a las víctimas.
La superación de los límites del endeudamiento público
A pesar de tener correlación suficiente para resolver el déficit de las finanzas públicas aprobando medidas tributarias progresivas o cerrando todos los portillos legales a la evasión y la elusión fiscal, la mayoría parlamentaria oficialista ha optado por profundizar el endeudamiento hasta superar los límites históricos. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la deuda externa salvadoreña alcanza los 23,000 millones de dólares, equivalentes a más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto aumenta la crisis fiscal y podría generar una situación de impago, especialmente debido a la dificultad de obtener nuevos préstamos. El gobierno no logró acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un préstamo de 1,300 millones de dólares y como alternativa el presidente Bukele anunció la emisión de bonos en Bitcoin por 1,000 millones de dólares, pero no hay certeza sobre dicha medida.
La “puesta en pausa” de las relaciones estadounidenses-salvadoreñas y las sanciones contra funcionarios de Bukele
El pasado 22 de noviembre la embajada de Estados Unidos anunció que ponía “en pausa” las relaciones diplomáticas con El Salvador, argumentando la “falta de diálogo” de Nayib Bukele, a quién demás acusó de atacar a la embajada y a funcionarios estadounidenses, incluido el propio presidente Joe Biden. Esto fue el desenlace de una confrontación que el mandatario salvadoreño ha sostenido con las autoridades norteamericanas.
Durante este año Estados Unidos arreció sus críticas al estilo autoritario de Bukele y éste ha respondido con descalificaciones, insultos y denuncias de supuesta injerencia política en los asuntos internos del país. Analistas señalan que nunca las relaciones salvadoreño-estadounidenses estuvieron tan bajas como ahora.
El 1o de julio el gobierno estadounidense incluyó a varios funcionarios, aliados políticos y supuestos financistas de Bukele en la llamada “Lista Engel” y el 8 de diciembre impuso sanciones económicas a tres funcionarios por negociar con las maras y actos de corrupción, a quienes aplicó la Ley Magnitsky, una normativa que Estados Unidos utiliza contra personas extranjeras señaladas por violar derechos humanos y corrupción.
Los sancionados son la jefa de gabinete Carolina Recinos, el director de Centros Penales Osiris Luna y el director de tejido social del Ministerio de Gobernación Carlos Marroquín, los dos últimos están señalados de realizar las negociaciones del gobierno con las principales pandillas. Según publicaciones del semanario digital El Faro, la administración Bukele ha negociado reducción de asesinatos y apoyo electoral para Nuevas Ideas a cambio de mejores condiciones carcelarias y apoyo económico para cabecillas pandilleriles.
Nuevas vulneraciones contra la libertad de expresión, prensa e información
En 2021 aumentaron las agresiones contra periodistas y las vulneraciones contra la libertad de prensa cometidas mayoritariamente por actores estatales. Según informes del centro de monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), hasta noviembre de este año se registraron 214 agresiones, cifra que supera todos los casos del 2020 cuando se contaron 125 vulneraciones contra el ejercicio periodístico.
Según la Mesa de Protección de Protección a Periodistas y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), tales agresiones y vulneraciones a la prensa atentan contra el derecho ciudadano de acceso a la información pública y menoscaban la democracia. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales han exigido al gobierno de Bukele garantizar el libre ejercicio periodístico.
La aprobación de la Ley de Recursos Hídricos
En la última sesión plenaria del año fue aprobada la Ley de Recursos Hídricos presentada por el Ejecutivo en el mes de junio. El oficialismo se mostró complacido con la normativa, pero las organizaciones sociales la calificaron como “privatizadora” y denunciaron que sus propuestas no fueron incorporadas, como sí las de las sector privado que logró -entre otros beneficios- concesiones por 15 años o más para las empresas que comercializan con el vital líquido.
Según las organizaciones, la normativa aprobada legaliza los abusos que ya cometían las grandes empresas en la explotación del bien hídrico. Denuncia que la ley incorpora conceptos como derecho humano al agua y protección de cuencas, pero el contenido y el espíritu de la normativa no es consecuente con tales principios.
El surgimiento de protestas masivas contra el gobierno
Finalmente, el 2021 será recordado como el año en que surgieron las primeras protestas masivas contra el gobierno, a pesar de la alta popularidad de Bukele. La primera de éstas fue el 15 de septiembre en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, cuando decenas de miles de personas salieron a la calle a protestar contra el autoritarismo, la corrupción, la militarización, la implementación del Bitcoin y otra medidas gubernamentales.
Luego siguieron las del 17 de octubre y del 12 de diciembre, que también fueron masivas y a las que se sumaron otras demandas ciudadanas como la ley de agua, el aumento de las desapariciones, el alto costo de la vida, entre otras. La reacción del presidente ha sido minimizar las marchas, descalificar las como opositoras y hasta acusa al gobierno estadounidense de financiarlas.
