La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos notificará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a otros organismos de derechos humanos los «ataques» contra la institución.
Por: Josseline Roca (@JVioletaRoca) / Foto: PDDH
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, junto a personal de la institución y el sindicato denunciaron «ataques sistemáticos» de parte del gobierno de Nayib Bukele.
Según el Procurador, desde que llegó a la institución, han sido objeto de «una constante, planificada y sistemática actividad de ataques», por parte del Ejecutivo. El presidente de la República señala a Tobar de estar vinculado al FMLN, como lo ha hecho con otros funcionarios e instituciones.
El titular de la PDDH afirmó que el país está «altamente polarizado» y la población está descontenta, debido a las prácticas de las administraciones gubernamentales, lo cual hace que la institución que preside sea vista como «un estorbo». Eso, dice, es «equivocado» porque ésta «se debe a las víctimas».
«No se busca confrontar con el Ejecutivo ni con ningún otro Órgano de gobierno, sino que el mandato de esta institución es, independientemente del ente que genere la afectación a los derechos humanos, evidenciarlo», sostuvo Tobar.
También señaló que persiste acoso contra personas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación.
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La secretaria general del sindicato de la PDDH, Sonia Corvera, denunció «la conducta reprochable del Presidente Nayib Bukele». Señala «retrocesos» y y llamó a la comunidad internacional a estar atenta a los ataques contra personas defensoras de derechos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) notificará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos de derechos humanos los «ataques» contra la institución.
Recientemente, organizaciones sociales y de derechos humanos alertaron sobre la estigmatización del Gobierno a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Advierten que “normalizar” discursos de odio es grave para la democracia del país.
