Dos ministros se negaron, en un primer momento, a entregar personalmente ante el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, sus informes anuales, lo cual generó tensiones en el Salón Azul. Los grandes ausentes en la argumentación ministerial fueron los señalamientos por el manejo de la pandemia y los cuestionamiento por posibles casos de corrupción.
Por: Krissia Girón
En medio de tensiones entre el presidente de la Asamblea Legislativa y algunos funcionarios del Ejecutivo, las y los ministros del gobierno presentaron sus informes de labores del primer año de gestión.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo que han trabajado «bajo los principios de integridad, transparencia, inclusión y eficiencia”. Agregó que 11,638 contribuyentes han cumplido con sus obligaciones legales, lo que se tradujo en $21.7 millones en fondos recuperados.
Fuentes recordó que la economía “entró en pausa” debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, dijo que aún así “era necesario hacer más erogaciones”. “La credibilidad de nuestro trabajo, la eficiencia, la racionalidad, la imagen positiva del presidente en el ámbito internacional nos permitió obtener fondos en condiciones favorables”, aseguró.
La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, destacó la relación con Estados Unidos. «Está extremadamente bien y mejor que nunca. Es un socio confiable en seguridad, migración irregular, inversión y lucha contra COVID–19«, dijo.
Aseguró que el gobierno redujo en un 97% la migración irregular hacia Estados Unidos. “Este gobierno trabaja día a día por superar las causas estructurales y multidimensionales que históricamente han movido los flujos migratorios irregulares”, dijo.
Sin embargo, pese a la pandemia, las deportaciones no se detuvieron. Además, organizaciones como el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) afirmó que las personas retornadas no fueron beneficiadas con los programas de ayuda durante el confinamiento.
Sobre la relación con China, la Canciller dijo que se ha establecido un «diálogo político de cooperación». Agregó que la participación del Presidente Bukele en la Asamblea General de la ONU «le dio la vuelta al mundo» y la «mirada mundial se dirigió al país por las razones correctas».
Hill Tinoco aseguró que han «trabajado día y noche» para construir el plan de repatriación de las personas varadas, que «está en proceso». “Desgraciadamente, los primeros ‘varados’, como les llaman, que vinieron al país, incrementaron la curva de contagios», aseguró.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, por su parte, sostuvo que realizan un «proceso de transformación». Señaló manejo irregular de proyectos en gestiones anteriores. «Cínicamente mantenían un discurso de transparencia. Los contratos se manejaban de forma oscura», señaló.
Tras finalizar la presentación de su informe, el ministro de Obras Públicas no entregó el documento a la presidencia de la Asamblea. En medio de gritos y señales, abandonó el podio. «Es una situación inédita», dijo el presidente de Asamblea, Mario Ponce.
“No sea así de grosero, no esté haciendo señales, nosotros lo estamos respetando”, increpó Ponce a Herrera por medio del micrófono.
Ponce envió a un breve receso para «hacer consultas» sobre lo ocurrido. Al regresar, reiteró que el informe debe ser entregado a la presidencia de ese órgano de Estado. Después de unos minutos de impase, el titular del MOP entregó los documentos a la presidencia de la Asamblea.
La ministra de Desarrollo Local, Ofelia Navarrete -conocida como María Chichilco-, dijo al inicio de la presentación de su informe que, habiendo trabajado «desde diferentes trincheras», ninguna le ha dado «tanta satisfacción» como la presente. Entre otras cosas, expresó que han trabajado en tejido social.
“Mi propuesta desde un inicio fue trabajar con todos los alcaldes. Las necesidades de la gente no tienen colores políticos”, dijo.
El informe del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, se refirió principalmente a la reducción de homicidios, las tareas de seguridad pública que se les ha asignado y la atención que han brindado durante la pandemia.
“La Fuerza Armada ha resurgido. Se encuentra articulada con todas las instituciones del gobierno”, manifestó.
Merino Monroy también se negó a entregar su informe escrito a la presidencia del parlamento. El diputado presidente, Mario Ponce, afirmó que no se daba por recibido el informe con base al artículo 105 del reglamento de la Asamblea y al 168 de la Constitución.
El ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, al presentar su informe, destacó la drástica reducción de homicidios. «El país ha salido de la lista de países más violentos», aseveró. Afirmó que «dejaron en el pasado las treguas y pactos oscuros con criminales».
Tras la presentación y entrega del informe del titular de Seguridad Pública, el ministro de la Defensa regresó para entregar por escrito su informe de labores.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, por su parte, señaló las implicaciones de la pandemia y manifestó que trabajan con «empresarios que sí quieren sacar al país adelante», con quienes «crearon una hoja de ruta para la apertura económica».
“Estamos seguros que trabajando de la mano con el sector empresarial ‘propositivo’, organismos internacionales, gobiernos amigos, academia, organizaciones no gubernamentales y cada uno de los salvadoreños, vamos a regresar a la ruta del crecimiento”, afirmó.
En medio de la emergencia por la pandemia del COVID-19 y de las discusiones sobre el Plan de Reactivación Económica, el presidente de la República dijo que el gobierno no trabajaría con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), al tiempo que desconoció a la gremial.
El ministro de Agricultura, Pablo Anliker, destacó la compra de granos básicos durante la emergencia sanitaria, con 1.1 millones de quintales de maíz blanco, más de 150 mil quintales de arroz y 100 mil quintales de frijol, sumados a la compra de los paquetes alimenticios.
Investigaciones periodísticas han dado cuenta de diferentes irregularidades en las compras y distribución de insumos adquiridos por el MAG. Por ejemplo, el periódico digital El Faro reveló cómo esta cartera de Estado entregó insumos agrícolas al partido Nuevas Ideas, en Panchimalco. Recientemente, se conoció también que se distribuyó latas de atún envasadas por una empresa fantasma.
Pese a esto, el titular del MAG respondió a señalamientos sobre uso irregular de fondos diciendo que “no somos como ustedes, los mismos de siempre. Doy la cara, para asegurarles que no hemos cometido ninguna irregularidad en este proceso», dijo.
Durante la presentación de su informe, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la institución estuvo «secuestrada» por tres décadas. «Nuestras acciones están orientadas a fortalecer el diálogo social tripartito», aseveró.
El discurso de Castro se centró en señalar a la Asamblea Legislativa por “encubrir” evasores de responsabilidades sociales de las y los trabajadores y por aprobar presupuestos “paupérrimos” para este ministerio. Aseguró que se realizaron miles de inspecciones durante la emergencia por COVID-19 para garantizar los derechos de las personas trabajadoras.
Recientemente, organizaciones sociales reportaron a más de 130 mil personas afectadas por suspensión de contratos y lamentaron la falta de acción por parte del Ministerio de Trabajo para minimizar los impactos de la COVID-19 en el sector laboral.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, afirmó, durante la presentación de su informe del primer año de labores, que los trabajos que han hecho «no han sido cosméticos».
«Los salvadoreños hoy tienen acceso a medicamentos, insumos y lo necesario en el sistema de salud. No hacemos caso a críticas y señalamientos mezquinos que responden a intereses partidarios», afirmó Alabi.
El funcionario afirmó que han «reorganizado» las intervenciones «para salvar la vida de los salvadoreños». «Si les interesa la salud del pueblo, debemos enfrentar de manera unida. Necesitamos una cuarentena domiciliar nacional», dijo a las y los diputados.
Alabí ha sido señalado en diferentes investigaciones periodísticas por beneficiar a familiares asignándoles licitaciones en el marco de la emergencia por COVID-19. Además de la aprobación de una compra de mascarillas y caretas a una empresa fundada por el diputado Gustavo Escalante y su familia, a Lasca Design LLC (empresa con sede en Miami, Florida y que se especializa en cerámica y porcelana) y a otra empresa propiedad del expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge «Koky» Aguilar.
El titular del Medio Ambiente, Fernando López, aseguró, ante la Asamblea, que los procesos que realizan están basados en «eficiencia» y en la «naturaleza». «Encontramos un ministerio que tardaba años en otorgar o delegar los permisos ambientales. Detuvieron la inversión, frenaron el desarrollo, ahuyentaron el capital y lo peor es que condenaron el medio ambiente”, aseguró.
Agregó que los pronósticos basados en impactos que “han salvado vidas” al momento de un desastre ocasionado por un fenómeno natural. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y comunidades cuestionaron el retraso en la activación tanto del MARN como de Protección Civil durante las tormentas tropicales Amanda y Cristobal. Consideran se debió a la falta de planificación de la gestión de riesgo y el desconocimiento de la vulnerabilidad ambiental del país por parte de quienes manejan al gobierno.
En su informe, la ministra de Cultura, Suecy Calleja, destacó la creación de un fondo concursables que permita la compra de producción artística, apoyo a espacios culturales y academias de artes que tuvieron que cerrar debido a la pandemia, líneas de créditos blandos desde la banca nacional, festivales de “break dance” con jóvenes de zonas estigmatizadas y la creación de la Unidad de Género y Diversidad.
Estas acciones han sido duramente cuestionadas por el gremio artístico, debido al cierre de varias casas de la cultura y otros espacios de convergencia de quienes trabajan en este rubro, además del retraso en las acciones del ministerio ante el impacto de la emergencia por COVID-19 en las y los artistas.
Callejas aseguró que, ahora, se ha propiciado un acercamiento con las comunidades “humilde, reconociendo los errores de las administraciones anteriores, pidiendo perdón y la oportunidad de contar con la confianza de las comunidades y organizaciones sociales indígenas”, lo que ha facilitado iniciativas a nivel nacional e internacional que contribuyen al fortalecimiento de las comunidades que, según ella, son “las de verdad , no las creadas por intereses económicos”.
Pese a que no expresó cuáles son las comunidades “de verdad”, se conoce de parte de organizaciones ambientalistas, culturales y comunidades originarias el abandono por parte del Ministerio de Cultura en temas como la protección del sitio sagrado Tacushcalco o de la población indígena que sería afectada por la construcción de la octava represa por parte de la empresa Sensunapan, en Sonsonate.
Sobre la creación de la Unidad de Género y Diversidad, anteriormente organizaciones de la población LGBTI recordaron que esta inició con la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, que atendía a esta población. También han señalado que la fusión de la Unidad de Género del ministerio con la Dirección de Diversidad Sexual, ha debilitado el trabajo en pro de la comunidad LGTBI.
Las ministras de Educación, Carla Hananía, y de Vivienda, Michelle Sol, enviaron una nota a la Asamblea Legislativa, solicitando reprogramar la presentación de sus informes, debido a problemas de salud. Lo mismo pidió el ministro de Gobernación, Mario Durán.
Luego de la presentación de informes de labores de las ministras de Turismo y Cultura, el gabinete de Gobierno dio una conferencia de prensa, en la que señalaron que fueron «irrespetados».
La confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido apuntada en la última encuesta del IUDOP como uno de los principales problemas del país, que percibió la población encuestada por la UCA.
